Bruselas se olvida de los pobres: prohíbe los coches de gasolina y encarece los eléctricos con aranceles

La Unión Europea se encuentra envuelta en un ciclón de problemas a causa de su empecinamiento por instaurar los coches eléctricos en sustitución de los de gasoil y gasolina. Por un lado, Bruselas quiere prohibir los vehículos de combustión antes de 2035 -aunque el nuevo Parlamento Europeo se está planteando esta medida- y, por otro, pone aranceles  a los eléctricos que vienen de China, que son los más baratos y accesibles para el ciudadano de a pie.

De hecho, Carlos Moreno-Figueroa, director general de Euronics España y portavoz de la Confederación Española de Comercio, ya advirtió en una entrevista realizada por OKDIARIO que los aranceles a China deben de hacerse con cautela.

Ahora mismo, la industria europea no está lo suficientemente desarrollada -no sólo en el ámbito del motor, sino en todos- para independizarse de la de China. Por ello, tal y como defiende Moreno-Figueroa, es necesario apostar por la industrialización propia antes de poner trabas a los bienes importados.

Es decir, no es posible que, por un lado, se impongan transiciones y cambios de consumo sin que la industria esté preparada para corresponder a esos cambios. Pero, si lo haces, no pongas trabas a la hora de importar y traer de otros países lo que el tuyo es incapaz de hacer.

El dilema de los coches eléctricos

Así, nos encontramos con el dilema de los coches eléctricos. Bruselas se ha empeñado en que hay que dejar de contaminar con la gasolina y el diesel y ha comenzado a tomar todo tipo de medidas al respecto. Ahora, muchas ciudades tienen zonas de bajas emisiones a las que no pueden acceder vehículos de combustión. El plan a medio plazo es eliminar este tipo de transporte por completo.

Esto, evidentemente, va a afectar directamente a la población más pobre. En general, es un mazazo para todas aquellas personas que viven lejos del centro de las ciudades, en la periferia o en el mundo rural.

Las personas que más necesitan desplazarse son aquellas que viven lejos de los núcleos productivos, los que tienen que ir al trabajo o a disfrutar de servicios básicos a zonas en las que la vivienda está enormemente tensionada, es decir, los más pobres.

Si a estos les obligas a tener un coche eléctrico para poder acceder a servicios básicos o para ir a trabajar, lo que realmente estás haciendo es condenarles a adquirir un vehículo que no pueden pagar. Gracias a China, se estaban produciendo este tipo de coches de una manera más barata y accesible.

Sin embargo, la Unión Europea considera que esto es competencia desleal -que seguramente lo sea- y, por ello, impone una serie de aranceles que lo único que conseguirán es aumentar el precio final que paga el consumidor.

Por tanto, todas estas medidas ambientalistas radicales, sumadas a la poca transformación industrial que está viviendo el continente y a que no quieren que China se aproveche del asunto, están causando problemas a la misma gente de siempre: los pobres.

Una persona corriente ve que, de repente, necesita un tipo de coche mucho más caro para disfrutar de los mismos servicios que antes o para ir al trabajo. Después, este individuo se fija en que ese vehículo que le obligan a comprar se encarece. ¿Qué piensa entonces? Pues que le están tomando el pelo. En definitiva, poner aranceles al vehículo eléctrico que viene de China en vez de hacer competitivo el europeo impedirá que muchos puedan comprar estos coches.

Los últimos datos de Eurostat, el portal estadístico de la Unión Europea, que señala que España es el tercer país del espacio comunitario con más riesgo de pobreza y de exclusión social. Así, el 26,5% de personas se encontraban en esta situación en 2023 frente al 26% del 2022.

En esa situación, es lógico pensar que los españoles no están capacitados económicamente para realizar un cambio tan grande, es decir, para sustituir todos sus coches por eléctricos. Así, la prohibición de la gasolina va a resultar en el aislamiento y el empeoramiento de las cifras de pobreza.

Como siempre, el rural y los que viven apartados de los núcleos urbanos son los más perjudicados. Las leyes y normativas vuelven a provocar que no se pueda vivir lejos de las zonas tensionadas, algo que amplía el problema de la vivienda que sufre España y la gentrificación.